Comunicado: Un absurdo jurídico en marcha

Comunicado:

El día lunes 5 de julio de 2022 ha circulado en los medios de comunicación la Nota de Prensa 002-2022 de la Procuraduría General del Estado mediante la cual señalan haber logrado que incluyan al Estudio Echecopar en el Caso Gasoducto Sur Peruano, para asumir una eventual reparación civil que "se imponga al final del proceso penal en el que se investigan los presuntos delitos en la adjudicación del proyecto Gasoducto del Sur."

En este caso no existe un proceso penal; lo que existe es una investigación fiscal en la que el Estudio está prestando todas las facilidades. Sin embargo, se ha vulnerado abiertamente nuestro derecho al Principio de Inocencia y se comunica públicamente como un "logro de la Procuraduría" que nos hayan incorporado como tercero civilmente responsable en la hipótesis que el proceso penal se inicie y que los abogados del Estudio Echecopar sean involucrados, sean considerados responsables y además que se les ordene el pago de una indemnización. Es decir, se genera un claro perjuicio hoy asumiendo que todas las eventualidades antes referidas se concreten. Al respecto debemos remarcar que, hasta la fecha y luego de cuatro años de investigación, no existe una sola prueba que permita inferir que los abogados investigados hubieran hecho algo incorrecto.

Para evitar falsas interpretaciones de la participación de los dos abogados miembros del Estudio en los hechos que se investigan, queremos señalar que su única intervención se produjo al emitir una opinión legal, como tal, no vinculante, a solicitud de Proinversión, en la cual se confirmaba que uno de los postores participantes en el proceso de adjudicación debía ser eliminado por haber infringido las Bases del Concurso. Esta opinión ratificaba otras opiniones legales solicitadas por Proinversión para tomar una decisión en el Concurso convocado.

La decisión de Proinversión fue posteriormente declarada legal y valida jurídicamente por la Corte Superior de Justicia de Lima y posteriormente ratificada por el Tribunal Constitucional.

El fundamento que esgrime la Fiscalía, para incluir en sus investigaciones, todavía en trámite, a los abogados que emitieron dicha opinión legal, es que, al emitir el informe se "convirtieron" en funcionarios públicos. Esta argumentación tiene un propósito deliberado: intentar imputarles la comisión de un delito inexistente por la vía de incluirlos, a como dé lugar, en un tipo penal que solo puede alcanzar a funcionarios públicos. Claramente un absurdo jurídico.

Nos ratificamos en nuestra posición de no haber incurrido en ningún hecho irregular, y rechazamos de manera categórica cualquier afirmación que afecte el honor y la reputación bien ganada por nuestro Estudio en más de 70 años de trayectoria y la de nuestros abogados.

Lima, 6 de julio de 2022