Derecho Público Administrativo

La amplia trayectoria y conocimiento del sector público por parte de nuestro equipo nos ha situado como líderes en el mercado en materia de relacionamiento gubernamental y solución de controversias administrativas. De ahí que seamos contantemente elegidos para emitir Informe de Experto, Dictámenes Profesionales, Opiniones Legales y similares respecto de la correcta interpretación de las normas administrativas, esto es, de la manera en que mejor atiendan los intereses públicos.

Nuestros servicios incluyen todo tipo de soporte administrativo, desde la identificación y prevención de riesgos legales para viabilizar todo tipo de proyectos hasta la asesoría en la correcta aplicación e interpretación de normas, a entidades, concesionarios y en general agentes privados para dinamizar y promover la inversión en múltiples mercados.

Cabe destacar que nuestros Socios han formado parte de las comisiones que elaboraron la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley del Proceso Contencioso Administrativo y otras importantes normas que son hoy el parámetro de actuación de las entidades públicas, por lo que emiten constantemente opiniones y dictámenes jurídicos respecto de la correcta interpretación de las normas y elaboran consultorías en proyectos de leyes y reglamentos.

A ellos se suma un equipo de Asociados con amplia experiencia en competitividad, calidad regulatoria y buenas prácticas en la gestión pública.

En tal sentido, nuestro equipo es altamente reconocido por su capacidad de dar las mejores alternativas a las partes involucradas que permiten destrabar la inversión al mismo tiempo que una correcta aplicación de la ley. Asimismo, nuestro sólido conocimiento de las normas constitucionales y administrativas nos permiten estar siempre presentes en la adecuación de normas administrativas a los contextos políticos, sociales y ahora tecnológicos, ofreciendo siempre soluciones creativas a nuestros clientes.

Barreras burocráticas y simplificación administrativa

• Para el desarrollo de cualquier actividad económica, toda empresa enfrenta día a día, en mayor o menor medida, intervención o injerencia de alguna entidad pública. Esta actuación o regulación debe sujetarse siempre a los parámetros de las leyes y ser consistente con el interés público que justifica la intervención de la autoridad. Ya sea a través del otorgamiento de licencias u otras formas de reconocimiento de derechos, a través de prohibiciones u otras medidas restrictivas, a través de cobros o de requisitos, las medidas impuestas por las entidades públicas deben ajustarse a sus competencias y ser proporcionales con los fines que busca tutelar. 
• Nuestro equipo posee amplia experiencia asesorando a diversos agentes económicos en la obtención de todos los títulos habilitantes y requerimientos que debe cumplir para desarrollar su actividad o negocio. Asimismo, somos expertos asesorando a la empresa cuando la puesta en marcha o desarrollo de su actividad se ve obstaculizada o se encuentra con algún requerimiento ilegal o carente de razonabilidad impuesta por alguna entidad de la Administración Pública, a través del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas ante el INDECOPI que permite ordenar la inaplicación de la medida o actuación denunciada a favor de la empresa.
• Asimismo, nuestro equipo ha apoyado a diversas entidades públicas en la mejora de sus procedimientos administrativos y las ha capacitado también para una mejor aplicación de las normas en materia de competitividad y simplificación administrativa. Nuestros Socios han sido parte de la creación e implementación de las principales leyes en materia de procedimiento y simplificación administrativa, lo cual los hace hoy referentes fundamentales en estas materias.

Fiscalización y potestad sancionadora de la Administración

• Una de las principales competencias atribuidas a gran parte de las entidades públicas es la supervisión de la actividad de los privados y la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo sancionador cuando detecte un posible incumplimiento de sus obligaciones o de las normas. Desde luego, ambas competencias deben ser ejercidos conforme al marco legal establecido y observando principios básicos como los de razonabilidad y debido procedimiento.
• Nuestro equipo asesora constantemente a las empresas en materia de fiscalizaciones administrativas y cómo actuar o dar respuesta a ellas, y asume satisfactoriamente la defensa cuando se les imputen infracciones para asegurarnos que la imputación sea legal, correcta y proporcional.
• La experiencia y conocimiento del procedimiento administrativo general y reglas comunes a todos los sectores nos permite interactuar y desempeñarnos con todas las áreas especiales del derecho público, desde medio ambiente, urbanismo, pesca, telecomunicaciones, minero, electricidad, gas & petróleo, explosivos, alimentos y bebidas, farmacéutico, educación y desde luego, procedimientos municipales.